La Guardia Civil, en el marco de la operación RENIBUS, ha investigado un fraude relacionado con ciudadanos procedentes de países del Este, fundamentalmente de Bulgaria, por defraudar a la Seguridad Social mediante altas ficticias, con la finalidad de obtener la tarjeta sanitaria y así poder acceder al tratamiento de diálisis y a la lista de espera para someterse a una intervención de trasplante renal.
En la misma operación se han detectado siete empresas ficticias que daban de alta ilícitamente a trabajadores extranjeros, así como numerosas altas ficticias en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).
Durante la investigación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Organización Nacional de Trasplantes, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y otras Agencias dependientes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
La operación se inició tras recibir una denuncia de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la que se informaba de un inusual aumento de pacientes procedentes de Europa del este en las listas de espera para trasplantes renales.
Los agentes detectaron un gran número de casos en los que personas de otras nacionalidades estaban accediendo a la lista de trasplantes de órganos de forma fraudulenta, incremento que venía motivado por un efecto llamada originado en Bulgaria, basado en la excelente reputación que tiene en el extranjero el Sistema Nacional de Salud y en concreto, el Sistema Español de Trasplantes.
Estas personas viajaban hasta España dirigiéndose a una consulta de un centro de salud, manifestado que se encontraban de vacaciones o visitando a un familiar, solicitando el tratamiento de hemodiálisis que se ofrece como urgencia médica. En algunos casos, acudían a los hospitales el mismo día de su llegada a nuestro país.
Tras acudir regularmente al tratamiento de hemodiálisis, se empadronaban, se registraban como extranjeros residentes, y se daban de alta en la Seguridad Social, ya fuese como trabajadores autónomos o por cuenta ajena, sin que llegasen en ningún caso a realizar actividad laboral alguna.
A los investigadores les llamó la atención que, pacientes que en su mayoría necesitaban de hasta cuatro horas diarias de tratamiento médico e incompatibles con cualquier actividad laboral, se diesen de alta como jardineros, empleados de hogar, o empleados de la construcción. Por ello, se comprobó la veracidad de estas actividades laborales, trabajando de forma conjunta con la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, verificando que estaban basadas en altas fraudulentas para posteriormente poder obtener la tarjeta sanitaria que les garantizaba todos los servicios y prestaciones del sistema sanitario público.
En la Comunidad de Madrid se han detectado 14 pacientes que de forma fraudulenta se estaban sometiendo al tratamiento de diálisis o que ya habían sido trasplantados, ocasionando un coste total de más de 1,5 millones de euros.
El efecto "llamada"
Una vez que varios de los primeros pacientes fueron trasplantados en España, se produjo un efecto llamada entre sus compatriotas. Y es que muchos de ellos se encontraban ya en la búsqueda del trasplante en otros países europeos. Varios artículos publicados en la prensa búlgara y el éxito del sistema de trasplantes español, conocido internacionalmente, colocaron a España en el punto de mira de para la comisión de esta actividad delictiva.
Con esta investigación se ha abortado una operación de turismo sanitario ilegal, que de haber continuado hubiera perjudicado a los pacientes que se hallaban lícitamente en lista de espera.
Los delitos Contra la Seguridad Social contemplados en el Código Penal están castigados con penas de entre seis meses a tres años, y en función de su gravedad, pueden llegar hasta los seis años, además de una multa y el reintegro de las prestaciones indebidamente obtenidas.
La investigación, llevada a cabo inicialmente en la Comunidad de Madrid, ha abierto la puerta al estudio en otras comunidades autónomas, en donde podrían detectarse nuevos fraudes.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. 21 de Madrid, ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de forma conjunta con la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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