FACUA Castilla y León ha reclamado al Banco de Santander que ejecute las
ayudas que prometió a los casi 1.000 trabajadores afectados por el ERE de Campofrío, presentado tras el incendio que destruyó la planta de Burgos en noviembre de 2014.
Entre dichas facilidades, la entidad financiera se ofreció a aplicar dos años de carencia para los préstamos hipotecarios con el fin de facilitar a sus clientes afectados el pago de sus créditos sin dificultades.
Es el caso de José Cabello Hernando, socio de FACUA y uno de los empleados despedidos. Hasta la fecha, José ha intentado sin éxito que el Santander le aplique las medidas que prometió. Facilidades que el banco se dispuso a ofrecer “en solidaridad” con los afectados por el ERE de la planta después de haberse sumado al plan de apoyo que pusieron en marcha la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos.
Se da la circunstancia de que el resto de entidades financieras que suscribieron ese plan sí han ejecutado de inmediato las moratorias. "El resto no han cobrado ni un euro a los trabajadores", denuncia el afectado. Todas salvo el Santander, que ha esquivado y dilatado de manera sistemática el cumplimiento de dichas ayudas pese a su compromiso de cumplir con ellas tanto público (emitió un comunicado en su web) como privado (mediante carta remitida al socio de FACUA).
Menos interés y más plazo
El código de buenas prácticas al que evita ahora, pese a estar adherido al mismo, acogerse el Santander regula que todas aquellas personas que cumplan con las condiciones establecidas en Real Decreto-Ley 6/2012 podrán solicitar al banco pertinente su aplicación. En el mismo, se contempla la concesión de una carencia de cinco años, además de una reducción del tipo de interés y una ampliación del plazo total de amortización de hasta los 40 años.
FACUA considera inaceptable que, año y medio después de su compromiso público, el Santander siga sin ofrecer a sus clientes afectados por el ERE las facilidades que prometió junto con el resto de entidades financieras, y se mantenga inflexible a la hora de exigir el cumplimiento de las obligaciones hipotecarias de los trabajadores.
Tras el incendio, a finales de 2014, de su planta en Burgos, Campofrío se vio abocada a paralizar su actividad y a ejecutar un ERE temporal de dos años para 774 de los 940 empleados de la planta principal, que ahora se encuentra en plena reconstrucción. La previsión de la empresa es la de reabrirla a finales de 2016, dos años después del incendio y justo cuando expiran las prestaciones por desempleo que están cobrando sus empleados.
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