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Réplìca del Embajador del Ecuador en España, Dr. Miguel Calahorrano Camino al artículo publicado por El País

Embajador Miguel Calahorrano.
Embajador Miguel Calahorrano.

El Gobierno Ecuatoriano ha dado desde el primer momento una respuesta inmediata y muy organizada ante la emergencia del terremoto

lunes 30 de mayo de 2016, 11:48h
En referencia a la Tribuna: Censura, corrupción y crisis fiscal en Ecuador, firmada por Ezequiel Vázquez-Ger, publicada el 10 de mayo de 2016 en la edición digital de la edición América de El País, me permito realizar las siguientes aclaraciones.
En los 9 años que el Presidente Rafael Correa lleva frente al Gobierno, Ecuador ha vivido un periodo de estabilidad política, de crecimiento económico y de extraordinarias mejoras en las infraestructuras del país. Un periodo en el cual cerca de 2 millones de ecuatorianos han dejado de ser pobres, donde se ha promovido la formación de más 5.000 alumnos ecuatorianos, becados por méritos, en las mejores Universidades del mundo. Un país donde se aumentó la tasa de escolaridad de la población indígena hasta el 90%, donde se lucha contra la pobreza infantil. La lista de logros del Gobierno puede ser muy extensa y para corroborarlos solo hay que recurrir a los informes de la Comisión Económica para América y el Caribe, la Asociación de Estudios sobre América Latina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

No es un simple capricho con un presidente que puede o no gustar”, dice Vázquez en su artículo. ¿Y qué es sino? Cuando hay un evidente ánimo de ataque, que siempre proviene del mismo articulista, cuyos argumentos no se respaldan con pruebas, rozan la crítica casi personalizada al Presidente Rafael Correa y está llena de sesgadas apreciaciones como: “mala gestión”, “despilfarro”, “fin de la dolarización”, “incapacidad para gestionar la emergencia del terremoto”, “obras faraónicas”, por cierto estas últimas hacen referencia a las carreteras, puentes, aeropuertos, hospitales y otras infraestructuras construidas por el Gobierno, que resultaron muy importantes en la llegada de las ayudas a los damnificados y en la atención a los heridos en centros de salud públicos hoy de calidad.

Por lo que se refiere a “la mala gestión del Gobierno ante el terremoto” que señala la Tribuna mencionada, quiero informar a sus lectores que nada más producirse el sismo, el Gobierno Nacional puso todo su empeño en dar una respuesta inmediata, haciéndose presente en los territorios afectados a través de la activación del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) liderado por el vicepresidente Jorge Glas y los COE Cantonales. El Presidente Rafael Correa, que se encontraba de visita oficial en el Vaticano, regresó inmediatamente al país tras conocer la noticia y se personó en las zonas afectadas, desde donde decretó el estado de excepción, con el cual pudo autorizar una partida de 300 millones de dólares para atender inicialmente la emergencia.

El Primer Mandatario también lideró el diseño del plan de acción que se seguiría en las próximas horas y días, para canalizar las ayudas humanitarias y de rescate de acuerdo a las necesidades identificadas por el Ministerio Coordinador de Seguridad y la Secretaría de Riesgos. También dispuso el envío de 17.000 cuerpos de las fuerzas públicas de seguridad a las zonas afectadas, para precautelar el orden y la seguridad. Tan eficiente fue la respuesta del Gobierno, que el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, felicitó su labor, destacando las acciones inmediatas de rescate y la distribución de ayudas, así también lo hizo el Secretario Adjunto para Asuntos Humanitarios, Stephen Obrien.

El Presidente también ha sabido reconocer y agradecer en más de una ocasión la solidaridad del pueblo ecuatoriano y de la comunidad internacional, que pocas horas después del terremoto se volcaron en el envío de ayudas solidarias. En cadena nacional, el pasado 17 de abril, el Presidente destacó “la unidad y solidaridad del pueblo y de los países hermanos”, pero también les pidió prudencia y que todas las ayudas sean canalizadas de manera ordenada con las autoridades responsables de la emergencia. Ello no quiere decir que el Presidente “atacara la solidaridad de la sociedad civil”, como señala Vázquez-Ger.

Tampoco es cierto que el Ejecutivo fuera el responsable del silencio de los medios de comunicación privados horas después de la tragedia. Tras un terremoto tan fuerte, desastre natural recogido en nuestra Constitución como una de las causas para declarar el estado de excepción, se dispuso el decreto instando a los medios a retransmitir toda la información oficial que emitiera el Ministerio Coordinador de Seguridad y la Secretaría de Riesgos. El decreto no restringía ningunos de sus derechos, lo único que debían hacer era seguir la información oficial y trasladarla exactamente a los ciudadanos, para evitar la desinformación y la exacerbación del pánico con informaciones falsas basadas en especulaciones como: “riesgo de tsunami”, “fuga de presos”, “inundaciones”, entre otras.

Por otra parte, es preciso señalar que si bien los ingresos petroleros del país ayudaron en estos años al crecimiento de la economía, ello fue el resultado de la decisión soberana de renegociar los contratos existentes cuyas cláusulas eran injustas para el país. En lo que se refiere a los casos de corrupción, quiero informar que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, a cargo del asambleísta del partido de Gobierno Mauro Andino, está llevando a cabo una investigación completa sobre la información que salió a la luz en los “Panamá Papers”. De igual manera, se está investigando al ex-gerente de Petroecuador, Alex Bravo, a pedido del asambleísta Fausto Cayambe. Ambos son ejemplos claros de la voluntad del Gobierno Nacional en colaborar con el esclarecimiento de este tipo de casos.

Respecto al puerto de aguas profundas que se construirá en la localidad de Posorja, quiero señalar que el proyecto se realiza en el marco de una alianza público-privada, que traerá desde su inicio buenas oportunidades para los habitantes de la localidad, pues la mano de obra que se contrate para su construcción será ecuatoriana. Además la construcción del puerto ayudará a dinamizar la economía de la parroquia rural, convirtiéndola en punto de referencia internacional gracias a su estratégica ubicación que está más cercana al canal de Panamá, que el puerto de Guayaquil, del que por cierto la separan tan solo 124 km, con lo que resulta absurdo alegar que este puerto añadirá “gastos de transporte” para los empresarios.

Por lo expuesto y en virtud de la verdad, le solicito publicar mi carta para que los lectores de su periódico puedan contrastar el sesgado punto de vista de la tribuna de Ezequiel Vázquez-Ger con los datos que aquí suscribo.

Atentamente,

Dr. Miguel Calahorrano Camino, Embajador del Ecuador en España

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