Ayer tuvo lugar una audiencia judicial crucial contra la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, ha aceptado la demanda de Suecia contra la Comisión Europea por no cumplir sus obligaciones legales referentes a los contaminantes hormonales (EDCs por sus siglas en inglés).
El enfado de Suecia estalló después de que la Comisión Europea superara la fecha límite legal, de finales de 2013, para proponer criterios para identificar contaminantes hormonales. La demanda es apoyada por el Consejo Europeo, considerado el mayor órgano político de la Unión Europea. El Parlamento Europeo y tres gobiernos (Dinamarca, Francia y Países Bajos) también están apoyando a Suecia de forma individual.
Según palabras de Lisette van Vliet, portavoz de la Alianza de Salud y Medioambiente (HEAL), que acudió a la audiencia ayer: “Cuando todos los gobiernos y el Parlamento Europeo se unen para demandar a la Comisión Europea, está claro que la Comisión ha cometido un error. Estos retrasos están exponiendo a los europeos a químicos relacionados con cáncer de mama y próstata, diabetes y obesidad, infertilidad y desórdenes de aprendizaje. Acudimos al Tribunal Europeo para que obligue a la Comisión a obedecer los vencimientos dispuestos en la normativa europea para proteger la salud de los europeos".
Los contaminantes hormonales o EDCs interfieren con el sensible sistema hormonal de nuestro cuerpo. Los estudios apuntan a los EDCs como posibles causantes de obesidad, diabetes y cáncer. Incluso cantidades muy pequeñas de EDCs suponen un riesgo para los fetos y los niños. Se necesitan urgentemente políticas que reduzcan la exposición humana. Los costes atribuibles a la exposición a un número determinado de disruptores endocrinos (sólo los de mayor relación de causalidad) se han estimado recientemente en 157 mil millones de euros anuales en la Unión Europea.
En la actualidad, la Comisión Europea está llevando a cabo un estudio de impacto, promovido en parte por el intenso lobby de la industria química y de pesticidas. Se espera que esto retrase la determinación de los criterios de definición de los EDCs hasta 2017 como pronto, lo que a su vez, retrasará la aplicación de la prohibición de estas sustancias como plaguicidas y biocidas según la normativa existente.
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