Tras las denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha abierto expediente sancionador al grupo Volkswagen por el fraude en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Se trata de la segunda comunidad que inicia estas actuaciones como consecuencia de las reclamaciones de la asociación, tras la Junta de Andalucía.
El pasado
octubre, FACUA presentó denuncias contra el grupo Volkswagen ante los diecisiete organismos de Consumo de los gobiernos autonómicos por vulnerar sus respectivas leyes de defensa de los consumidores. La manipulación del software para falsear los datos sobre los niveles de emisión NOx afecta a unos once millones de vehículos a nivel mundial, de los que cerca de 700.000 fueron vendidos en España. Tras estallar el escándalo, FACUA puso en marcha una plataforma de afectados de la que forman parte ya más de 40.000 personas, el mayor colectivo de conductores en toda la Unión Europea.
El acuerdo de iniciación de expediente sancionador al que ha tenido acceso FACUA corresponde a una de las denuncias interpuestas en nombre de una de sus socios castellano-manchegos ante la Direccion General de Salud Pública y Consumo de Castilla-La Mancha. En el expediente se imputa a Volkwagen-Audi España "la alteracion, adulteración o fraude en bienes o servicios susceptibles de consumo (de vehículo automóvil) por adición o sustraccion de cualquier elemento, alteración de compososición o calidad, induciendo a engaño o confunsión al consumidor".
En principio, el organismo de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha decidido incoar un expediente sancionador por cada conductor que reclame ante la autoridad autonómica de protección al consumidor. De producirse finalmente las multas, éstas podrían limitarse a un máximo de 5.000 euros por cada afectado que denuncie.
En sus denuncias, FACUA argumenta que las prácticas llevadas a cabo por el grupo Volkswagen vulneran tanto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios como las leyes autonómicas que regulan los derechos de los usuarios, en este caso el Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha (Ley 11/2005, de 15 de diciembre).
Por su parte, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha decidido iniciar las actuaciones sancionadoras tras recibir cerca de 800 denuncias de las ocho asociaciones provinciales de FACUA en Andalucía en representación de sus socios. "En relación con las denuncias presentadas por esa asociación, por la presente le informamos de que, tras las debidas actuaciones realizadas por la Inspección de Consumo, por parte de la Dirección General de Consumo se ha procedido al inicio de un procedimiento sancionador que incluye los motivos denunciados en su escrito", ha comunicado el organismo a la organización.
FACUA también acude a los tribunales
FACUA también ha decidido acudir a los tribunales al objeto de exigir responsabilidades penales y reclamar indemnizaciones económicas para los afectados. Los propietarios de los vehículos pueden sumarse con FACUA al procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional a través de la página
web FACUA.org/QuerellaVW.
El secretismo de la empresa y la inacción que hasta la fecha han mantenido la inmensa mayoría de autoridades competentes (autonómicas, nacionales y europeas) han sido la tónica desde que se conociese que la multinacional alemana manipuló los vehículos diésel con motores TDI 1.2, 1.6 y 2.0 EA 189 de sus marcas Volkswagen, Seat, Skoda y Audi con un software que les permitía pasar los exámenes de emisiones previos a la puesta en circulación de los nuevos modelos pero que una vez en carretera dejaban que los coches contaminasen muy por encima de los límites legales.
En sus denuncias ante las autoridades autonómicas de consumo, FACUA indica que estos hechos vulneran ampliamente la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre). Así, señala varios apartados de su artículo 49, que establece como "infracciones en defensa de defensa de los consumidores", entre otros, "el incumplimiento o transgresión de los requisitos previos que concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones específicas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública".
FACUA también cita como infracciones a la normativa de consumo "el uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores" y "la alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento, alteración de su composición o calidad", también recogidas en el citado artículo de la ley de defensa de los consumidores.
Pasividad de las autoridades
En cuanto al resto de autoridades autonómicas de Consumo, siete de ellas han archivado las denuncias de FACUA o las han trasladado a la Agencia Catalana de Consumo, alegando que se trata de la autoridad competente por razón de territorialidad, a pesar de que el fraude afecta a consumidores de todo el territorio nacional, lo que les otorga potestad sancionadora. Es el caso de Canarias, La Rioja, Asturias, Navarra, Murcia, Castilla y León y Baleares. FACUA está recurriendo estas decisiones, pues corresponde a las autoridades de protección al consumidor defender los derechos de los usuarios afectados.
La Agencia Catalana de Consumo y la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid tan sólo han informado a FACUA de que iniciarán las averiguaciones oportunas para determinar si consideran procedente abrir un expediente sancionador.
Otras cuatro comunidades se han limitado a acusar recibido de las denuncias de FACUA sin indicar nada sobre las actuaciones que están llevando a cabo (Cantabria, Aragón, País Vasco y Comunidad Valenciana) en el caso de que lo estén haciendo. Por su parte, Galicia y Extremadura ni siquiera han respondido aún a las denuncias de FACUA.
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