Dídac Sánchez había presentado demandas en su defensa contra la empresa editora Titania Compañía Editorial, S.L, su director Alberto Artero, y los periodistas autores de los reportajes Carlos Otto y Alfredo Pascual.
El magistrado José Juan Moreno Ruiz estima en su sentencia (114/2016) que lo publicado contra Dídac Sánchez “supera los límites de la información” y “no está acreditado”; y subraya el uso de “expresiones de carácter vejatorio innecesarias y superfluas”, por lo que existe “una intromisión ilegítima y con ella la inseparable existencia de un daño moral”. Atendiendo al Ministerio Fiscal, el juez condena al diario digital y a los autores de los artículos a indemnizar a Dídac Sánchez con 6.000€.
En su argumentación, el juez sostiene que “en dichos artículos se transmite información que ni es esencial ni totalmente veraz, así como la forma de transmitirla puede vulnerar el derecho al honor (de Dídac Sánchez) toda vez que no sólo del contenido sino a través de los titulares de los dos artículos se está dando una imagen del mismo como persona que realiza una actividad opaca, cuando se observa que las cuentas anuales de las empresas (de Dídac Sánchez) de 2014 estaban presentadas en la fecha o calendario de presentación en julio de 2015 según resguardos aportados”.
Contra esta resolución el diario digital y los autores de los artículos condenados pueden interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona.
Nueva demanda
Se da la circunstancia de que el mismo diario digital y los mismos periodistas han vuelto a publicar este mismo mes de julio otro artículo y un video que siguen la misma línea que los artículos ahora condenados por el Juzgado. Dídac Sánchez ha anunciado que presentará nueva querella contra El Confidencial por perseverar sus ataques contra su persona “de forma tan infundada, casi enfermiza y sin ningún rigor”.
En la demanda Dídac Sánchez reprochó a este diario su “acoso y derribo”, con comentarios que incluso se referían a su infancia al haber sido víctima de abusos sexuales cuando tenía 12 años de edad, lo que provocó la retirada de la custodia a sus padres y que ingresara durante varios años en un centro de menores.
El Confidencial, en lugar de realizar “una consideración positiva” del hecho de que Dídac Sánchez hubiera podido rehacer su vida o ejerciera “una actuación razonable en comprobación de la veracidad de los hechos”, sólo publicó insinuaciones o sospechas sin fundamento que el Juzgado de Barcelona ha considerado efectivamente como daño moral, menoscabo a la fama y honor, y en general a la dignidad como persona de Dídac Sánchez, sin que el derecho a la libertad de información prevalezca en este caso sobre el derecho al honor.
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