Coincide con la UE en considerar abusivas las sanciones del modelo 720.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) alertaron nuevamente de las duras consecuencias fiscales y excesivas sanciones derivadas de no declarar, o hacerlo fuera de plazo, el modelo 720 que informa de los bienes en el extranjero, por considerar que podría vulnerar la Constitución española y el derecho europeo, pues choca con aspectos claves de la Carta Magna y de los tratados europeos, como son los principios de prescripción, culpabilidad, o contribución según la capacidad económica.
Después de que ayer se hiciese pública la apertura por la Comisión Europea de un procedimiento de infracción a España por el modelo 720, los Técnicos de Hacienda entienden que este organismo encuentra indicios claros de que estas sanciones son abusivas y pueden rebasar el límite jurídico europeo.
En primer lugar, podría vulnerar uno de los elementos que conforma la seguridad jurídica de la Constitución y del derecho comunitario, que es la prescripción, pues Hacienda considera que los bienes no declarados en plazo son imprescriptibles, y un simple incumplimiento formal conlleva a que esos bienes se consideren opacos y tributen por su valor en la escala progresiva del IRPF, siendo indiferente cuando fueron adquiridos. Además, la ley solo prevé dos excepciones para no tributar si el contribuyente puede probar que esos bienes fueron adquiridos antes de ser residente en España o con rentas declaradas, algo que será muy difícil de demostrar en muchos casos.
Incluso Gestha considera que es discriminatorio que a los bienes extranjeros de una persona no se les aplique la prescripción de cuatro años, y en cambio a otras personas les prescriban defraudaciones más graves, como los delitos fiscales.
Por otra parte, la justicia comunitaria también es contraria a esta medida, pues el Tribunal de Justicia de la UE aceptaría la ampliación de la prescripción si un Estado miembro justifica los fines perseguidos, pero nunca aceptaría la imprescriptibilidad fiscal absoluta.
Asimismo, el modelo 720 vulnera el principio de culpabilidad y de proporcionalidad de las penas al aplicar sanciones excesivas después de haber alterado la carga de la prueba sobre el contribuyente.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “esta normativa penaliza con mucha dureza una infracción formal, incluso aunque no exista delito fiscal, e impone una imprescriptibilidad que en España solo se prevé para los delitos de lesa humanidad, genocidio y delitos contra bienes o personas protegidos en caso de conflicto armado y de terrorismo que causen la muerte”.
También, la Comisión europea estudiará las alegaciones del Gobierno español para determinar si la tributación y sanciones del modelo 720 es contrario a la libertad de circulación de capitales.
Una declaración como contrapeso a la amnistía fiscal
El modelo 720 entró en vigor en 2013, poco después que la amnistía fiscal, y establece que los españoles y extranjeros residentes en España deben informar a Hacienda de todos los bienes que tengan fuera (cuentas, valores o inmuebles) siempre que superen los 50.000 euros.
Como Gestha ya advirtió en su momento, se establece una sanción mínima de 10.000 euros por no presentar el modelo, la tributación en la tarifa del IRPF del valor de la titularidad de esos bienes en el exterior como una ganancia patrimonial no justificada e imprescriptible, y por último, si no presentan declaraciones complementarias antes de que la Agencia Tributaria abra una investigación, una multa del 150% de la cantidad resultante.
Asimismo, el mes pasado Gestha criticó la información equívoca de Hacienda de que “habían aflorado” bienes por 126.500 millones de patrimonio en el extranjero que los españoles declararon por “primera vez” en los modelos 720 de los años 2013 a 2015, cuando en realidad dichos bienes en casi su totalidad ya estaban declarados en el IRPF e Impuestos de Sociedades y Patrimonio.
El colectivo llegó a esta conclusión ante el desplome de los ingresos por las declaraciones complementarias y la caída de las denuncias por delito contra la Hacienda Pública en los años 2013 y 2014, pues cabe pensar que nadie aflorará bienes sin presentar complementarias del IRPF o del Impuesto sobre el Patrimonio.
Por ello, pidió al Gobierno que aclarara la cantidad realmente opaca del patrimonio declarado en el exterior, ya que por el momento solo ha salido a flote una pequeña parte, como ha sido el caso de la familia Pujol, que presentó declaraciones complementarias en julio de 2014 para evitar las condenas por los delitos fiscales que podría haber cometido, una vez que Andorra accedió a remitir la información solicitada por los juzgados españoles.
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