El Consejo de Ministros en funciones, ha autorizado, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, la convocatoria del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la concesión de subvenciones públicas para planes de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados por un importe de 250 millones de euros a ejecutar en 2016 y 2017.
Esta convocatoria de subvenciones de formación profesional para el empleo constituye la primera dirigida a los trabajadores ocupados desde la aprobación de la Ley 30/2015 y que está abierta plenamente a la concurrencia competitiva de las entidades de formación.
La convocatoria tiene una dotación presupuestaria de 250 millones de euros, a ejecutar con cargo a los Presupuestos Generales del estado de 2016 y 2017. Por primera vez, con el ánimo de hacer efectivo el carácter finalista de la contribución que empresas y trabajadores hacen para la formación en las cotizaciones a la Seguridad Social que consagra la nueva Ley que regula la formación profesional para el empleo, se incorporan a una convocatoria créditos no ejecutados del ejercicio anterior, en concreto 32 millones de euros no ejecutados del presupuesto de 2015.
Como novedades de la convocatoria, más allá de las derivadas de la aplicación en las bases de la misma de los nuevos preceptos establecidos en la citada Ley para la mejora de gestión y lucha contra el fraude, como la limitación de los anticipos, la prohibición de la subcontratación, o la creación de la unidad de lucha contra el fraude en la formación, destaca que, por primera vez, de cara a la selección de planes de formación, se consideran prioritarias las áreas relacionadas con la digitalización y las tecnologías de la comunicación, la internacionalización de las empresas, el emprendimiento y la eficiencia energética, entre otras.
A su vez, se ha dotado de una financiación adicional a los cursos de acreditación para el ejercicio de las profesiones reguladas relacionadas con la atención socio sanitaria a personas dependientes y el control fitosanitario.
La determinación de las necesidades formativas a financiar se ha basado en el diálogo social y en la negociación colectiva de las Comisiones Paritarias en los respectivos ámbitos sectoriales de acuerdo con la Ley 30/2015.
La propuesta de convocatoria ha sido dialogada con CCAA e interlocutores sociales en el marco del Patronato en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
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