Los datos de
Eurostat señalan a Italia como el país europeo en el que más trabajadores han tirado la toalla, ya que más de un tercio de los desempleados han dejado de buscar trabajo. Estas cifras han reabierto las discusiones sobre si la
reforma laboral implantada por el ejecutivo de
Mateo Renzi sirve o no para crear puestos de trabajo, aunque por ahora la razón parece estar del lado de los que piensan que no ha servido para nada.
Frentes abiertos
Aunque Italia salió oficialmente de una larguísima recesión en el primer trimestre de 2015, en la primera mitad de 2016 ha vuelto a caer en el crecimiento cero: en el segundo trimestre del año ha crecido un magro, 015%, la mitad de lo previsto por el ejecutivo de Roma. Las razones principales del estancamiento tienen que ver con el comportamiento de la industria, que retrocedió un 0,4% junio con respecto a mayo y un 1% frente al año anterior.
A esta espiral de noticias desesperanzadoras se suma la falta de confianza empresarial. El Índice Istat ha revelado que este indicador ha descendido del 103 al 99,4, mientras que la confianza de las familias ha pasado del 111,2 al 109,2. Por ahora, los principales centros de estudios italianos apuntan a que las previsiones de crecimiento se van a reducir y que Italia seguirá instalada en crecimiento cero hasta finales de año.
Este nivel de progreso económico cerca del cero pone a Italia en una difícil situación frente a Bruselas ya que la Comisión Europea ya concedió a Roma el año pasado una revisión del objetivo del déficit para 2017, elevándolo hasta el 1,8% frente al anterior 1,1 que se había planteado como objetivo inicial. Si la situación se prolonga durante tres trimestres, supondría para Italia un alza del PIBen todo 2016 de tan solo el 0,6%, la mitad de lo que había previsto el gabinete de Renzi. Como consecuencia, también en 2017 la economía transalpina no conseguirá superar una crecimiento del 1%, frente al 1,4 esperado por el Ejecutivo.
Para acrecentar la incertidumbre, el mes que viene se ha convocado una consulta sobre una reforma constitucional que reforma las funciones del Parlamento italiano y refuerza los poderes del Ejecutivo. Un referéndum constitucional que, en caso de que no salga adelante, puede provocar una crisis de gobierno que no haría sino que acrecentar el nerviosismo en torno al devenir económico de Italia.
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