Al no haberse anunciado esta prórroga en el Consejo de Ministros de este viernes, la posibilidad en esta legislatura de convalidar un decreto ley que prolongue el tributo se agota este mismo año, de modo que quedaría supendido. Si bien esta prórroga se puede introducir el próximo año cuando se forme el nuevo gobierno.
Cuadro 1. Geografía de la recaudación del Impuesto de Patrimonio
(*) La Comunidad de Madrid no exige este impuesto, por lo que anualmente no ingresa al menos 660.659.607 euros de 15.532 personas con patrimonios netos individuales de más de 2 millones de euros que se ahorran unos 42.535 euros de media. País Vasco y Navarra tienen su propio régimen fiscal y este impuesto se exige.
(**) Importes en euros. Fuente: Gestha
Por territorios, las autonomías que más recaudan por Impuesto de Patrimonio son Cataluña, que en 2014 ingresó casi 430 millones de euros, seguida de la la Comunidad Valenciana, con 107 millones, y Andalucía, con 80,4 millones. Por el contrario, Extremadura, que solo recaudó 4 millones, La Rioja, con 12 millones, y Castilla La Mancha, con 15,9 millones, son las que menos ingresos reciben por este tributo.
Como recuerda Gestha, Madrid deja de ingresar cada año más de 660 millones de euros por la bonificación del 100% de este impuesto, lo que además es más gravoso si se considera que la mitad de los contribuyentes más ricos de España residen en la Comunidad madrileña. En concreto, se trata de un total de 3.153 madrileños con patrimonios netos por encima de los 6 millones de euros que se ahorran anualmente 456 millones, lo que echa por tierra el pretexto utilizado para derogar el Impuesto, que argumentaba que la medida “beneficiaba a la clase media”.
Por otra parte, buena parte de las personas afectadas por el descubrimiento de las cuentas opacas en Suiza, Panamá, Bahamas, listas Renania o los papeles de Castellana señalan precisamente a estas personas que no solo se ahorran el Impuesto de Patrimonio, sino que además evaden en el IRPF.
Para el colectivo, aumentar el Impuesto de Patrimonio no supone, como señalan algunas voces interesadas, un riesgo de fuga de capitales, pues se trata de un gravamen personal por el que tributa la riqueza localizada tanto en España como en el extranjero, y es difícil que una persona se traslade a otro país alejado de sus relaciones personales y familiares y del centro de sus intereses económicos.
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