La entrada en vigor el día 2 de octubre de la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público debería poner límites a la Administración a la hora de adjudicar contratos sin concurso público. Esto significa que un ministerio como Fomento debería justificar que cuando contrata sin concurso a la ingeniería pública Ineco (vía encomienda de gestión) es, en efecto, la mejor opción de acuerdo a criterios de rentabilidad económica.
Sin embargo, para la patronal de ingenierías
FIDEX, que agrupa a diez de las empresas más importantes e internacionalizadas del sector de la ingeniería en España, si no existe un control directo de la Administración este avance será “papel mojado”, por lo que debería ser un organismo como la Intervención General del Estado (IGAE) quien velara por el cumplimiento de la nueva ley.
Desde la asociación se hace especial hincapié en que en la actualidad Ineco trabaja “a tarifa” y sin bajas económicas, cuando el sector privado en las licitaciones se ve obligado, aunque muy a su pesar, a ofertar bajas que en algunos casos pueden llegar al 60% del presupuesto de licitación, por lo que se antoja muy complicado justificar que contratar a Ineco es lo más rentable y eficiente.
Desde FIDEX se teme que, ante esta imposibilidad de justificar las encomiendas de gestión por su eficiencia económica, Fomento acentúe su práctica de disfrazar de urgentes trabajos que no lo son, y de ahí la importancia de que exista un control “caso por caso” por parte de la IGAE.
Límites que ya existen pero se sobrepasan
De hecho, tal como recuerda la entidad, para que un ministerio adjudique a un medio propio como Ineco la propia legislación ya pone límites, pues deben darse circunstancias de urgencia o seguridad nacional. Sin embargo, la realidad es que más del 50% de las inversiones de Fomento en ingeniería en 2015 se adjudicaron directamente a Ineco mediante encomiendas de gestión. Aquí la pregunta es si de verdad más de la mitad de las inversiones en ingeniería eran realmente urgentes o comprometías la seguridad del país.
Para la patronal, la respuesta es que precisamente Fomento disfraza de urgentes trabajos que no lo son, permitiendo así que se pueda contratar a Ineco en vez de convocar el correspondiente concurso público abierto y transparente al que podrían optar las ingenierías privadas.
Según FIDEX, una ingeniería pública como Ineco está justificada y es necesaria, pero siempre y cuando se limite al ámbito de actuación para el que fue creada. Y no es una denuncia exclusiva de la asociación, sino que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y el Tribunal de Cuentas han insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de controlar la actividad de los medios propios de la Administración.
En cambio, lo cierto es que en los cinco últimos años el 60% de la inversión de media de Fomento en ingeniería ha ido a parar a manos de Ineco, y no al mercado privado (ver cuadro 1), algo difícil de justificar cuando la empresa pública debería tener el mencionado margen estrecho de actuación.
Cuadro 1. Licitación de Fomento versus facturación de Ineco con Fomento
Fuente: Fidex. Cifras en millones de euros. En verde las cantidades mayores.
Según el director general de FIDEX, Fernando Argüello, “Ineco factura con el Ministerio de Fomento más que todas las ingenierías españolas juntas, cuando en teoría es la que tiene más limitaciones legales en su ámbito de actuación. Esto refleja la absoluta falta de control que hay sobre la Administración cuando decide no licitar. Por eso, por muchos avances legislativos que haya, o hay un organismo que vele por el cumplimiento de la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, o estaremos en las mismas, con más de la mitad del mercado en manos públicas y sin que nadie exija a Fomento que justifique este tipo de decisiones”.