No existen elementos que permitan cambiar el criterio expuesto por la Fiscalía en sus anteriores informes, reiterando la petición de Sobreseimiento Provisional y consiguiente archivo de las actuaciones. id:77692
La Fiscalía provincial de Madrid, tras evaluar el último informe pericial encargado a Martín Molina Abogados y Economistas SPL por la juez que instruye el caso que investiga la financiación otorgada a la aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas por la SEPI en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, ha concluido que no existen elementos contundentes que permitan cambiar el criterio expuesto por la Fiscalía en sus anteriores informes, reiterando la petición de Sobreseimiento Provisional y consiguiente archivo de las actuaciones judiciales.
La aerolínea se muestra satisfecha con las alegaciones expresadas por el Ministerio fiscal sobre el último peritaje realizado a petición de la juez. Un peritaje que, como quiere destacar la compañía, no certifica el incumplimiento de ninguno de los requisitos exigidos para poder recibir las ayudas de la SEPI.
Plus Ultra Líneas Aéreas ha acreditado de forma íntegra y transparente desde el inicio del proceso en 2020 toda la información y documentación necesaria para seguir los pasos y procesos exigidos para la concesión de la financiación pública de 53 millones de euros que ha recibido, y sin la cual no hubiera podido continuar operando tras el impacto de la crisis por Covid19 en su negocio.
La aerolínea quiere reiterar además que la SEPI llevó a cabo un exhaustivo control de cumplimiento de todos los requisitos que el organismo exigía para acceder al rescate. Entre ellos, la situación operativa, financiera y jurídica de la compañía.
Contó para ello con informes independientes elaborados, respectivamente, por el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisor y la firma auditora la de la aerolínea, que dieron una opinión favorable a la concesión de la financiación pública. Asimismo, el informe elaborado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Aviación Civil apoyaron la concesión de la financiación.
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