Políticas jurídicas: normas del reparto de los beneficios en las empresas familiares

En este sentido, es recomendable pautar una asesoría con un estudio de abogados especializados en derecho mercantil, para gestionar las posibles soluciones que sean satisfactorias y beneficien al negocio familiar.

Restringir los dividendos: la causa de discordias y complicaciones

La repartición de los beneficios puede ser un tema de álgida conflictividad cuando los socios manifiestan discrepancias, al tener que decidirse entre la restricción de los dividendos para ampliar el capital de la sociedad mercantil y el reparto de las ganancias que satisfagan sus necesidades personales. Esta situación de conflicto encuentra regulación en el conjunto de leyes establecidas en el código de comercio y legislaciones complementarias que norman el ejercicio de toda actividad profesional de una compañía.

En España, el derecho mercantil se fundamenta en las leyes del Código de Comercio y legislación complementarias, específicamente en los códigos de Comercio Interior, Legislación Concursal, Propiedad Industrial, Derecho de la Competencia, Derecho de la Publicidad, de la Moda y el Código del Consejero, que sumados a las costumbres y jurisprudencias contienen la normativa legal que acompaña y vela por la dinámica de la actividad comercial, así como establecer los mecanismos que permiten constituir o fundar una empresa.

El derecho mercantil se subdivide en diferentes ramas que incluyen el derecho bancario, concursal, contractual, societario, de propiedad industrial, cambiario y marítimo, y es la Ley de Sociedad de Capital de la nueva norma 348 bis, “Derecho de Separación por el no reparto de dividendos”, la que establece el derecho que tienen los socios de recibir anualmente los beneficios propios de las sociedades empresariales.

Factores de índole familiar que intervienen en el reparto de los beneficios

Cuando el socio es un familiar suele sacrificarse para proteger la estabilidad de la empresa, sin importar la necesidad personal y económica que los apremia. Esta discrepancia, aunada a la falta de conocimientos en administración financiera empresarial, da lugar a las conocidas situaciones de conflicto en las corporaciones, ya que el accionista, a la vez miembro de la familia, en muchas oportunidades puede preferir posponer sus necesidades para beneficiar a la empresa, criterio que no siempre comparten otros familiares socios.

Mayor beneficio obtendrá la sociedad si los accionistas tienen conocimientos y deciden impulsar un plan estratégico de crecimiento y políticas de distribución de las ganancias ajustadas a la normativa legal vigente. Sin embargo, el sentido de pertenencia es un punto a favor de las asociaciones familiares a diferencia de otro tipo de compañías, cuyos socios la perciben solamente como una más de sus inversiones.

Otro de los elementos que influye en el reparto adecuado de los dividendos, es el valor o sentimiento que cada socio le concede a la empresa al considerarla como el legado que heredaron de sus antecesores, lo que internamente los impulsa a seguir la lucha por mantener su actividad comercial, aún en detrimento de sus necesidades personales.

Por tanto, lo más conveniente es disponer de los mecanismos que permitan establecer acciones que combinen ambas necesidades, y tener en cuenta los altos costes fiscales que se derivan al repartir los dividendos.

El equilibrio entre la asesoría profesional y los intereses de la empresa

Para lograr satisfacer la necesidad de liquidez de los socios y a la vez proteger los activos de la empresa familiar, se sugiere buscar una asesoría externa, como la de un abogado mercantil de Madrid, con experiencia para analizar la situación de la corporación de manera exhaustiva con objetividad e imparcialidad, y así poder propiciar una mayor confianza de los asociados, que mediante un ambiente adecuado, asuman las propuestas concebidas de la negociación que permitirá un reparto justo y equitativo y satisfaga las necesidades de los socios.

Representa una tranquilidad estar en manos de un equipo de abogados cualificados, honestos, emprendedores, entusiastas, responsables y muy profesionales en el ejercicio de sus funciones, que de acuerdo al caso, conducen su trabajo bajo una filosofía basada en inquebrantables pilares, que orientan las actividades o actos de manera diligente, oportuna, rápida, efectiva, con sentido común en las situaciones que asumen con pasión, optimismo y compromiso.

La misión de todo bufete se fundamenta en los principios que permiten facilitar un asesoramiento integral, realizar un trabajo excepcional a través del ejercicio de especialistas de las diferentes ramas del derecho mercantil, y aplicar una prevención cuyo objetivo se centra en evitar inconvenientes mayores que podrían finalizar con la demanda ante los tribunales, lo que significaría un desembolso mayor de dinero.

Los abogados con amplia experiencia, pueden abordar cualquier problema legal relacionado con los actos profesionales de las sociedades mercantiles, lo que garantiza la solución del problema y tarifas asequibles en los honorarios profesionales que son ajustadas a las posibilidades económicas de cada cliente.

Asimismo, un despacho serio otorga una atención personalizada con el propósito de obtener la mayor información, revisar profundamente los detalles y planear con cuidado las alternativas pertinentes para optimizar los resultados del trabajo encomendado.

De esta manera, quedan satisfechas las expectativas del cliente, que puede consultar o recibir asesorías sobre lo inherente a contratos mercantiles, contratación de trabajadores, gestión fiscal, conformación de sociedades mercantiles, registro mercantil, impagos y morosidad, entre otras gestiones.

Asesorías para autónomos y pymes

Los abogados del derecho mercantil, también ofrecen servicios especiales de asesoramiento para autónomos y PYMES que representan la principal fuerza económica del país, ya que generan 66 por ciento del empleo. Como es conocido, dentro de las pymes se distinguen las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas.

Según datos suministrados, el 24,3 por ciento de las PYMES se dedica a las actividades comerciales, mientras que más de 80 por ciento se dedica a realizar actividades del sector terciario. Es decir, ofrecen servicios de formación, transportes, banca, sanidad, turismo o cultura.