El 54% de las empresas no aplica nunca intereses de demora, de acuerdo con el Estudio de Riesgo de Crédito que impulsan Crédito y Caución e Iberinform. id:70085
El tiempo es el mayor enemigo de la eficacia en la recuperación de deudas. Sin embargo, solo el 14% de las empresas españolas inicia acciones de recobro al vencimiento de la factura de acuerdo con el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España que impulsan
Crédito y Caución e Iberinform. Se trata de uno de los porcentajes más bajos de la serie histórica, un indicativo de que las empresas están reaccionando a las tensiones de liquidez de sus clientes generadas por la pandemia retrasando el inicio de las acciones de recobro para no deteriorar la relación comercial.
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El retraso en las acciones de recobro implica un deterioro en la efectividad de las acciones de recuperación. A pesar de ello, el estudio refleja una gran flexibilidad de los plazos de cobro, como parte de la relación comercial. El 37% de las empresas permite a sus clientes retrasos en pagos de más de 90 días antes de considerar un crédito moroso.
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Cuando se inician las acciones de recobro, la inmensa mayoría de las empresas renuncia al cobro de intereses de demora. El 54% de las empresas no los aplica nunca y sólo el 6% es sistemático a la hora de ejercer su derecho. De hecho, según el Estudio elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, de entre las empresas que aplican los intereses de demora, el 97%, el porcentaje más alto de la serie histórica, reclama por debajo de los que le corresponden legalmente.
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El estudio aborda las metodologías de gestión del recobro utilizadas por las empresas y pone cifras a un hecho conocido entre los profesionales de la gestión del riesgo de crédito: el porcentaje de uso de recobro a través de personajes disfrazados para provocar la notoriedad social del moroso apenas alcanza el 3%. El uso de proveedores que se limitan al recobro telefónico (4%) también es muy reducido. La efectividad de la externalización del recobro B2B se concentra en los despachos de abogados (28%) o los proveedores integrales (10%) que, como ocurre en el seguro de crédito, además de la fase amistosa, cubren la posible fase procesal.