La Unión Europea puso en marcha en 2005 el denominado ETS (Emissions Trading Scheme), un mercado mediante el que se otorgan “derechos” a las industrias y actividades que generan emisiones de CO2. Unos se reparten gratuitamente -para la gran industria- y otros se subastan. A cambio de ello, las empresas deben pagar un canon por cada tonelada emitida. id:75881
Pero tras más de una década de precios bajos, en 2018 se introdujo una nueva regulación que permitió entrar en este mercado a fondos y bancos de inversión.
Desde entonces se produjo una escalada en los precios de los derechos de CO2, cabe destacar un incremento en el precio de más del 70% entre diciembre 2020 y junio 2021.
Los analistas no descartan componente especulativo en la subida de los precios, y que pueda seguir subiendo. En el caso de las eléctricas con centrales de ciclo combinado (gas), tienen que comprar estos derechos de emisión de CO2 para desarrollar su actividad. El aumento de precio de los derechos se termina repercutiendo en el precio de la energía eléctrica que se subasta en el mercado mayorista y esto acaba siendo trasladado al consumidor final.
Según los cálculos de los expertos y del propio Banco de España, esto acaba suponiendo aproximadamente un 20% de lo que cuesta producir un megavatio hora. Aunque después, su traslación a la factura es algo inferior. El dinero que pagan las eléctricas por los derechos de CO2 van a parar al Tesoro Público. Gran parte de esta recaudación se destina a energía renovables.
En un anteproyecto presentado por el Gobierno se está estudiando la posibilidad de que el 10% de lo recaudado se destine a la puesta en marca de políticas contra la pobreza energética.
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