Vodafone justificó el cobro de 607 euros por romper la permanencia con un contrato con la firma en blanco

Vodafone justificó el cobro de 607 euros a un cliente por incumplir una supuesta permanencia de 24 meses usando como supuesta prueba un contrato con el apartado de la firma del usuario en blanco. Además, le aplicó la penalización al darse de baja tras comunicarle una de sus subidas de tarifas, situaciones en las que los usuarios pueden marcharse sin abonar nada por ello. Para colmo, aunque se fue a solo un mes de finalizar los dos años dado de alta en la tarifa, la compañía no sólo no le cargó la penalización prorrateada, como marca la ley, sino que el importe fue incluso superior al máximo que aparecía en el documento que nunca firmó.

Tras la actuación de FACUA Comunidad Valenciana, Vodafone ha reembolsado al afectado el dinero de la penalización, además de otros 10 euros que le cobró por los servicios de una línea que no había contratado y 80 euros de otra penalización por no haber devuelto un router, del que en ningún momento le dieron indicaciones sobre la obligación de retornarlo y que entregó en cuanto tuvo conocimiento de que tenía que hacerlo.

Tenía derecho a eludir la penalización

En mayo de 2021, José Antonio, un usuario de Elche, recibió en su factura mensual información de la subida del precio de las tarifas que empezaría a efectuarse el 15 de julio. Además, en este recibo detectó que Vodafone le había cobrado por el servicio de una nueva línea de móvil que él no había contratado.

En la propia notificación figuraba que podría darse de baja "sin penalización con carácter previo a la entrada en vigor de las condiciones comunicadas en los canales habituales". Así que, haciendo uso de ese derecho, y no sin antes asegurarse de que no conllevaría un coste consultándolo a la empresa, realizó una portabilidad de sus servicios de telefonía fija, conexión a internet y líneas móviles a otro operador.

A los días de hacerse efectiva la portabilidad, Vodafone le envió dos facturas. La primera, de 617 euros, en la que se incluía el cobro de 607 euros en concepto de penalización por incumplir la permanencia. Los 10 euros restantes correspondían a llamadas de la línea que jamás había contratado y de la que no había hecho uso. El segundo recibo consistía en una indemnización de 80 euros por un "equipo no devuelto".

"Ante esta situación, devolví el equipo en la tienda de Vodafone más cercana e interpuse una queja para que me abonasen el dinero del router y de la penalización, que fue totalmente ignorada", explica José Antonio. "Así que, como no me hicieron caso, me hice socio de FACUA en septiembre". El equipo jurídico de la asociación se dirigió a la compañía para instarle a que anulase los cargos cobrados de forma doblemente ilegal; no había firmado ni aceptado telefónicamente ninguna permanencia y, aunque lo hubiera hecho, sería inaplicable ante la subida de tarifas. Con el escrito, la asociación adjuntó documentos que acreditaban que ninguno de los servicios llevaban asociados permanencias.

FACUA Comunidad Valenciana recordó en su reclamación que los usuarios tienen "derecho a celebrar contratos y a rescindirlos, así como a cambiar de operador de forma segura y rápida, con conservación del número telefónico. En particular, incluye el derecho a resolver el contrato anticipadamente sin penalización, en supuestos de modificación del mismo por el operador". Este derecho está recogido en el artículo 3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Vodafone se sacó de la manga un contrato sin firmar

El 30 de septiembre, a los pocos días de haber presentado FACUA Comunidad Valenciana la reclamación, la compañía respondió que le abonaría los cargos generados indebidamente de la indemnización por el equipo no devuelto. Sin embargo, se negó a devolverle los 607 euros de penalización por permanencia alegando que los productos contratados sí llevaban aparejados este compromiso.

Como supuesta prueba de que había aceptado dicha cláusula, Vodafone aportó un contrato de julio de 2019 que ni siquiera venía firmado por el usuario. José Antonio, además, tampoco había aceptado dichas condiciones por teléfono.

Por otro lado, la cuantía reclamada era abusiva, ya que en el hipotético caso de que el afectado sí hubiera firmado ese contrato, y la baja no hubiese sido consecuencia de la subida de tarifas que le daba derecho a cancelarlo, el importe de la sanción habría tenido que limitarse a 29 euros, el equivalente 34 días de penalización al solicitar la portabilidad en junio de 2021, sólo un mes y cuatro días antes de acabar el supuesto acuerdo.

Así lo recoge el apartado 5 del artículo 62 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que indica que "en caso de que el usuario incumpla el compromiso de permanencia adquirido con la empresa, la penalización por baja o cese prematuro de la relación contractual, será proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia acordado".

Y por si esto fuera poco, el propio contrato indicaba que el importe máximo de penalización era de 594,96 euros por 24 meses de permanencia, por lo que la misma Vodafone se contradecía en la cuantía reclamada y cobró más de lo establecido en su propio acuerdo.

Por lo tanto, la asociación reiteró el escrito en noviembre, exigiendo que procediesen a la anulación inmediata de las facturas emitidas tras la cancelación del contrato, puesto que eran totalmente ilícitas.

Un mes después, Vodafone emitió una respuesta en la que indicaban que, una vez analizados los hechos, procedían a realizar el abono tanto de la penalización ilícita como de la línea móvil que no había contratado. "Estoy muy satisfecho después de este proceso. Creo que son muy pocos los que reclaman este tipo de injusticias, y con FACUA mi objetivo se cumplió con creces. De hecho, ahora estamos tramitando otro asunto contra Ryanair", agradece José Antonio.